En México, el acceso a un automóvil nuevo mediante financiamiento sigue siendo un  privilegio reservado para unos cuantos. A pesar de que tener un vehículo puede ser  esencial para la vida laboral y familiar, el sistema de crédito automotriz opera bajo  criterios restrictivos y excluyentes, lo que impide que muchas personas —que sí cuentan  con la capacidad de pago— puedan adquirir uno. 

Las financieras tradicionales aplican filtros que dejan fuera a trabajadores informales,  personas con ingresos variables o sin historial crediticio “ideal”, pese a que representan  una buena parte del país. De acuerdo con el INEGI, más del 56% de la población ocupada  en México trabaja en la informalidad, lo que automáticamente los margina del  financiamiento tradicional. 

Además de ser excluyente, el sistema es opaco. Las condiciones del crédito no siempre se  explican con claridad, los contratos pueden incluir costos ocultos, y las tasas de interés  se calculan de forma poco comprensible. Según la Encuesta Nacional de Inclusión  Financiera (ENIF), solo 3 de cada 10 personas consideran que entienden con claridad los  términos de los servicios financieros que contratan. La falta de transparencia alimenta la  desconfianza y reduce el interés de muchas personas por acceder a este tipo de  instrumentos. 

Pero este problema no es únicamente económico, también es comunicacional. La opacidad  en el sector financiero automotriz persiste en parte por la falta de una estrategia de  medios que informe de manera efectiva y accesible a los consumidores. La transparencia  no se garantiza solo con regulaciones: requiere también de una comunicación constante,  clara y pública sobre las condiciones reales de los créditos, sus beneficios y riesgos, y los  derechos del consumidor. 

Una estrategia de medios bien diseñada —que incluya campañas informativas, divulgación  en medios tradicionales y digitales, uso de lenguaje ciudadano y participación de  organismos independientes— puede contribuir a romper el círculo de desinformación que  sostiene este modelo excluyente. Es necesario que las condiciones de los créditos  automotrices estén disponibles en espacios accesibles, auditadas públicamente y  comunicadas con responsabilidad. 

Empresas como MStar, por ejemplo, han comenzado a ofrecer modelos más flexibles,  procesos de aprobación digital y un enfoque más accesible. Pero más allá de los productos  en sí, lo relevante es cómo se informa a la población sobre ellos. La rendición de cuentas  no debe quedarse en los documentos legales; debe llegar al consumidor en forma  comprensible, sin letras pequeñas ni jerga financiera. 

En un país con deficiencias en transporte público y grandes distancias por recorrer, el  acceso a un automóvil no debería ser visto como un lujo, sino como un facilitador de  oportunidades. Un sistema de financiamiento más justo e inclusivo debe estar  acompañado por una estrategia de comunicación pública que garantice que quienes  pueden y quieren pagar un vehículo lo hagan de forma informada, segura y sin caer en  trampas contractuales.

El acceso a la movilidad también es una cuestión de justicia. Y la justicia necesita, además  de reglas claras, información clara.